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Derechos de los consumidores

Este informe está fragmentado, el completo está sólo a disposición de los asociados.


La normativa de consumidores y usuarios

Vamos intentar que el empresario o autónomo al frente de una joyería tenga una visión amplia de las cuestiones que pueden producirse en su tienda como consecuencia de sus relaciones con el consumidor y con las autoridades inspectoras.

Estas relaciones se regulan en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que no regula, salvo en aquello que afecte al consumidor, las relaciones entre empresarios.

Apreciamos que la norma tiene algunas contradicciones por lo que es casi obligado que la autoridad inspectora tenga que realizar una labor de interpretación en algunos supuestos. Por ello, la A.E.J.P.R. puede hacer una síntesis de esta norma pero en cada caso concreto, en supuesto de conflicto con un cliente o con una autoridad inspectora, conviene que el asociado pida a su Gremio o, a la A.E.J.P.R. si es asociado directo, la intervención de la asesoría del gabinete jurídico.

 

¿A qué productos o servicios se refiere esta norma?

Los productos han de ser, según la norma bienes muebles, sin perjuicio, añade, del gas o de la electricidad porque considera que está unido a un bien mueble o inmueble. Pero la norma además hace una remisión al artículo 335 del Código Civil que considera bienes muebles aquellos “que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos”.

Sin embargo el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entra en ciertas contradicciones cuando se refiere a “inmuebles” y cuando esta norma desarrolla los derechos del consumidor relacionados con la vivienda (que no es un bien mueble); o cuando el ámbito de aplicación determina claramente que se refiere a las relaciones entre empresarios y consumidores y las ventas de vivienda también pueden darse entre particulares. Tampoco define dentro del ámbito de aplicación los “servicios” aunque los regula pero en una lógica interpretación se entiende que entre profesionales/ empresarios y consumidores y usuarios puede haber “servicios”.

La Disposición Finales Segunda faculta al Gobierno para dictar, en materia de su competencia, las disposiciones precisas para la aplicación de esta norma. Añade que, en particular, el Gobierno determinará los productos de naturaleza duradera a que se refiere el artículo 126.

La realidad es que la única modificación que ha hecho el gobierno es incluir los servicios de la sociedad de la información.

Por tanto, tenemos una relación que enumera bienes y servicios que son objeto de garantía pero también se establece que no es una relación exhaustiva sino enunciativa.

Expresamente se dispone que (continúa…)

 

Bienes y servicios de uso común

Los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

 

Etiquetado y presentación de los bienes y servicios

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En los comercios especializados, joyerías, platerías y relojerías

Si se comercializan objetos con las aleaciones establecidas en la legislación vigente, deben (continúa…)

 

Las aleaciones existentes en España son las siguientes:

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Qué es una práctica comercial

Es cualquier acto u (continúa...)

 

Información necesaria en una práctica comercial

Dependiendo del medio de comunicación con que se realicen las prácticas comerciales, cuando éstas posibilitan que un consumidor contrate el producto o servicio (continúa…)

 

Los derechos del consumidor y usuario son en esencia:

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La conformidad de los productos con el contrato

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El producto defectuoso

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Los derechos del consumidor ante la falta de conformidad o producto defectuoso

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Infracciones

Excluimos aquellas que no guardan ninguna relación con el comercio de joyería, platería o relojería.

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Sanciones

1.- Dependiendo del tipo de infracción, hay diferentes sanciones.

a) Infracciones leves, hasta 3.005,06 euros.

b) Infracciones graves, entre 3.005,07 euros y 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción.

c) Infracciones muy graves, entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracción.

2.- En el supuesto infracciones muy graves, la Administración pública competente podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años.

3.- Sanciones accesorias

a) El decomiso de la mercancía. Los gastos derivados serán por cuenta del infractor.

b) La publicidad de las sanciones así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de los infractores.

 

 
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